El agente encargado de dirigir la investigación ha declarado durante el juicio que el traslado de los ataúdes implicados en la trama “no podía hacerlo una sola persona”. El caso comenzó tras una denuncia de extorsión considerada “clara y evidente”, en la que un antiguo trabajador guardaba documentos y pruebas sobre los supuestos cambios de féretros. El jefe de homicidios de Valladolid ha sido el primer testigo en comparecer entre los 239 previstos en el conocido como caso de la funeraria. La investigación apunta a casi 6.000 sustituciones de ataúdes y alrededor de 900 cambios de flores en servicios funerarios.
Este lunes se ha iniciado en la Audiencia Provincial de Valladolid el proceso judicial contra 23 personas acusadas de participar en un presunto fraude relacionado con la reventa de ataúdes en la funeraria El Salvador. Durante el juicio está prevista la declaración de 239 testigos y 17 expertos, además de los propios acusados, por hechos que se habrían producido entre 1995 y febrero de 2015. El calendario judicial establece que el proceso se prolongará hasta el próximo 9 de junio. El primer testimonio ha correspondido al policía responsable de la investigación, quien ha señalado que las operaciones descritas difícilmente podrían haberse realizado de manera individual.
La semana pasada, el presidente del tribunal rechazó todas las cuestiones previas planteadas por las defensas, que solicitaban la anulación del procedimiento al considerar que la investigación se había realizado de forma prospectiva. También desestimó la petición de la Fiscalía de citar a unos 6.000 posibles testigos, al entender que una medida así provocaría un colapso judicial. Los acusados se enfrentan a cargos que incluyen organización criminal, pertenencia a organización criminal, apropiación indebida, estafa, delitos contra el respeto a los difuntos, blanqueo de capitales y falsificación de documentos mercantiles.
Comienza el proceso judicial por el caso de los ataúdes en Valladolid
Antes de comenzar la ronda de testimonios, el magistrado preguntó individualmente a cada uno de los acusados si admitían los hechos o se declaraban inocentes. Todos respondieron que no habían cometido los delitos que se les atribuyen.
La sesión arrancó con la declaración del agente que dirigió la investigación del llamado Caso Ignis. Explicó que la causa se inició en 2017 cuando el hijo del propietario de la funeraria acudió a la policía para denunciar que un antiguo empleado estaba intentando extorsionar a su padre. Tanto el empresario como el exempleado fallecieron posteriormente, mientras que el denunciante continúa encausado en el proceso.
Miles de cambios de ataúd y cientos de arreglos florales reutilizados
Según relató el agente, la persona acusada de extorsión había enviado varias cartas al empresario en las que aportaba pruebas de los cambios de féretros realizados durante años y reclamaba una compensación económica. En esas cartas amenazaba con revelar lo que había ocurrido durante dos décadas si no recibía su parte.
Tras recibir la denuncia, la policía detuvo al sospechoso y registró su vivienda. Allí encontraron una gran cantidad de material relacionado con los servicios funerarios de la empresa. Entre los objetos incautados había 26 cuadernos con datos de fallecidos, anotaciones sobre funerales y códigos que indicaban si los ataúdes habían sido sustituidos o no. También se localizaron memorias USB, numerosas fotografías de féretros y cadáveres, además de carretes fotográficos sin revelar.
El contenido recopilado por el exempleado incluía información acumulada entre 1995 y 2015. Para los investigadores, ese material representaba un archivo detallado de la actividad presuntamente irregular desarrollada durante ese periodo.
El policía explicó que, al mostrar algunas fotografías a familiares de los fallecidos, varios de ellos manifestaron que el ataúd que aparecía en las imágenes no coincidía con el que habían contratado para el sepelio. Cuando los agentes preguntaron si habían presenciado la cremación, muchos respondieron que no lo habían considerado o que desde el tanatorio les indicaron que no era posible asistir.
Tras revisar las libretas incautadas, los investigadores contabilizaron 5.984 posibles sustituciones de féretros. Además, detectaron alrededor de 900 casos en los que las flores utilizadas en funerales habrían sido reutilizadas posteriormente.
El exempleado, según el testimonio del agente, afirmaba que dentro de la empresa se justificaba la retirada de los cadáveres de los ataúdes antes de la incineración con el argumento de que los barnices de la madera generaban demasiado olor en el horno crematorio.
“No puede hacerlo una sola persona”
Durante su declaración, el investigador fue contundente al afirmar que las tareas descritas requerían la participación de varias personas. Explicó que mover un cadáver desde el tanatorio hasta el cementerio, colocarlo en el sistema de soporte y finalmente introducirlo en el horno crematorio exige un esfuerzo físico considerable.
Según detalló, levantar el ataúd y manipularlo en esas condiciones no es una tarea que pueda realizarse de forma individual. Por ese motivo, los investigadores consideran que el exempleado fallecido habría contado con la colaboración de otros trabajadores.
Las pesquisas también detectaron irregularidades en el número de ataúdes adquiridos por la empresa en comparación con los servicios funerarios realizados. Para los investigadores, esta diferencia podría indicar operaciones ficticias destinadas a justificar la compra de material funerario. En estas operaciones habría participado una empresa proveedora de féretros vinculada a una de las familias investigadas.
Testimonios y registros durante la investigación
Durante la investigación, la policía recibió además la llamada de una mujer que había trabajado en el tanatorio durante aproximadamente un año. Según explicó el agente en el juicio, esta ex empleada afirmó que dentro de la empresa muchos trabajadores conocían la práctica de sustituir ataúdes.
La mujer aseguró que en una ocasión había subido al cementerio y allí le explicaron el procedimiento. Según su relato, los trabajadores retiraban los cuerpos de los ataúdes antes de la cremación y guardaban las cajas para transportarlas nuevamente al tanatorio y venderlas otra vez. En el lenguaje interno de la empresa, esas cajas eran conocidas como “ataúdes reciclados”.
El investigador añadió que la mujer no denunció en su momento porque pensaba que sería muy difícil demostrar lo que ocurría.
Conversaciones telefónicas intervenidas
Las investigaciones incluyeron la intervención de las comunicaciones telefónicas de algunos sospechosos para evitar filtraciones y conocer mejor el funcionamiento de la presunta trama. Según explicó el agente, varias conversaciones resultaron relevantes para esclarecer los hechos.
En una de ellas, grabada después de que la operación policial saliera a la luz en 2019, uno de los implicados comentó con preocupación la situación utilizando una frase que llamó la atención de los investigadores: “Esto es una pillada”.
El policía explicó que esa reacción reflejaba que algunos de los implicados eran conscientes de la gravedad de la investigación.
Hallazgo de dinero durante los registros
Tras finalizar la declaración del investigador principal, comparecieron otros siete agentes que participaron en los registros domiciliarios relacionados con el caso. Uno de ellos explicó que durante el registro de la vivienda del propietario de la funeraria y su esposa encontraron cerca de un millón de euros en efectivo.
Las declaraciones de testigos continuarán en las próximas sesiones del juicio.
