El Ejecutivo ha planteado el nombramiento de Teresa Peramato Martín como próxima fiscal general del Estado, en relevo de Álvaro García Ortiz, quien presentó su dimisión tras haber sido condenado por el Tribunal Supremo a dos años de inhabilitación por la filtración de datos sensibles en un procedimiento relacionado con la pareja de una alta dirigente autonómica.
Peramato, nacida en Salamanca en 1962 y con una trayectoria de más de tres décadas en el ámbito judicial, es reconocida por su papel destacado en la lucha institucional contra la violencia de género. Desde 1989 forma parte de la carrera fiscal, y ha sido pionera en impulsar la especialización jurídica en esa materia.
Actualmente, Peramato ostenta la jefatura de la Sección Penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo, además de ser fiscal de Sala Delegada en materia de protección a víctimas dentro del proceso penal. Su designación ha sido propuesta por el ministro de Presidencia y Justicia, quien ha destacado su solvencia profesional y compromiso con la defensa de los derechos fundamentales.
Su implicación en causas relacionadas con la violencia machista se remonta a 2005, cuando asumió la coordinación especializada en esta área en la Fiscalía Provincial de Madrid. Desde entonces ha participado en numerosos foros, informes y reformas legislativas como experta en la materia. Fue, además, fiscal de Sala contra la Violencia sobre la Mujer durante el periodo 2021-2025.
Su carrera también ha estado vinculada al asociacionismo progresista dentro del Ministerio Fiscal, habiendo presidido la Unión Progresista de Fiscales (UPF), colectivo al que también pertenecieron sus antecesores inmediatos en la Fiscalía General.
El procedimiento de nombramiento incluye ahora el informe del Consejo General del Poder Judicial, que debe valorar la idoneidad de la candidata, aunque su dictamen no condiciona la decisión final. Tras esta etapa, Peramato tendrá que comparecer en el Congreso ante la Comisión de Justicia, paso previo a su ratificación oficial por parte del Ejecutivo.
