Pedro Sánchez ha salido al paso de la condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, mostrando su respaldo personal al tiempo que respeta la decisión judicial. El presidente del Gobierno ha afirmado que acata el fallo del Tribunal Supremo, aunque discrepa de su contenido, asegurando que mantiene la convicción sobre la inocencia del fiscal. Ante la posibilidad de un indulto, Sánchez ha sido tajante: «no tiene ningún sentido hablar de eso en este momento». Mientras tanto, el Ministerio de Justicia trabaja para designar un sustituto de “máxima solvencia” que garantice la estabilidad institucional de la Fiscalía.
Desde Sudáfrica, donde participó en la cumbre del G20, Sánchez afirmó que el proceso judicial dejó claro que el fiscal general no fue el origen de la información filtrada, destacando el testimonio de varios periodistas durante el juicio. Esta sentencia, histórica por tratarse del primer fiscal general condenado en ejercicio, impone dos años de inhabilitación a García Ortiz, además de una multa de 7.200 euros y una indemnización de 10.000 euros a Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, por daños morales.
La condena se produjo por la supuesta filtración de un correo con información fiscal confidencial, pero la sentencia aún no ha sido redactada de forma definitiva. Dos magistradas progresistas del Supremo emitieron votos particulares en contra de la decisión mayoritaria. Esta división, y la falta del texto final, abren la puerta a un posible recurso ante el Tribunal Constitucional, de mayoría progresista, que deberá evaluar los argumentos cuando se formalice el fallo.
A la espera de este paso legal, el Gobierno ya se ha activado para buscar un relevo en la cúpula del Ministerio Público. Moncloa señala que el nuevo fiscal debe reunir cualidades de independencia, conocimiento jurídico y experiencia. Sánchez ha destacado que su Ejecutivo siempre ha propuesto a profesionales cualificados, como en su momento lo fue García Ortiz, de quien ha valorado la gestión positiva al frente de la Fiscalía.
Respecto a las acusaciones desde el Ejecutivo sobre una presunta politización del poder judicial, Sánchez evitó ahondar en esa línea, aunque recordó que fue el Partido Popular quien en su día habló de controlar la Sala Segunda del Supremo «por la puerta de atrás», en alusión al famoso mensaje de Ignacio Cosidó en 2018. Afirmó también que, en democracia, se puede manifestar desacuerdo con las decisiones judiciales desde el respeto institucional.
El proceso judicial contra García Ortiz ha generado una fuerte controversia política y social. Este domingo, cientos de personas se manifestaron frente al Tribunal Supremo para expresar su rechazo a la condena, que consideran una represalia política. El futuro del fiscal general dependerá ahora tanto de su decisión de recurrir como del ritmo de redacción de la sentencia. Mientras tanto, el Gobierno busca asegurar la continuidad institucional sin cerrar del todo la puerta a una posible revisión del fallo.
