El Ministerio de Hacienda tiene previsto presentar su propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica a comienzos de 2025. Así lo anunció la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, tras una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera. El objetivo: modernizar un modelo que lleva más de una década sin modificaciones sustanciales y cuya actualización se ha convertido en una demanda transversal.
La propuesta, aún en fase de elaboración, promete ser ambiciosa. Desde el Ministerio aseguran que buscará aumentar los recursos disponibles, reducir la desigualdad financiera entre comunidades —que actualmente alcanza los 1.005 euros por habitante entre la mejor y la peor financiada— y atender las particularidades territoriales. Además, planteará mecanismos de corresponsabilidad fiscal, sin dejar de lado el principio de solidaridad.
Uno de los aspectos que más controversia genera es la incorporación de un enfoque “bilateral” en las relaciones entre el Estado y cada comunidad autónoma, sin abandonar el marco multilateral que regula el modelo para todas las regiones de régimen común. Montero defendió que ambos esquemas pueden coexistir, permitiendo a cada territorio discutir aspectos concretos sin que eso rompa la estructura general.
Este punto es clave, ya que algunas comunidades gobernadas por el Partido Popular acusan al Gobierno de preparar un modelo a medida para Cataluña, a partir de los acuerdos alcanzados con partidos independentistas para facilitar la investidura de Pedro Sánchez. Desde Madrid y Extremadura, por ejemplo, han calificado el proceso de opaco y desequilibrado.
En cambio, la Generalitat de Cataluña ha manifestado su conformidad con el enfoque propuesto. La consellera Alícia Romero afirmó que los avances planteados por Montero reconocen el peso específico de Cataluña dentro del sistema y no implican privilegios, sino una gestión fiscal más justa y acorde con la realidad social y económica del territorio.
Otro elemento que estará sobre la mesa es la posible ampliación del porcentaje del IRPF y el IVA que se transfiere a las comunidades. Actualmente, ambas figuras tributan al 50 % para las regiones, pero Hacienda no descarta aumentar esa proporción. También se estudia la cesión de impuestos como el gravamen al sector financiero, lo que daría más herramientas a las comunidades sin crear nuevos tributos.
El principio de ordinalidad —según el cual ninguna comunidad debería quedar en peor posición relativa tras la redistribución— podría formar parte del nuevo diseño, aunque no se ha confirmado su inclusión final.
Con todo, Hacienda quiere cerrar una propuesta integral que se debata en las Cortes antes del final de la legislatura. Pero para lograrlo necesitará el respaldo de varias formaciones políticas, incluidas las del PP. Montero ha advertido que no será posible avanzar si la oposición mantiene posturas fragmentadas según sus intereses regionales.
La reforma de la financiación autonómica es uno de los debates más complejos y sensibles en la política española. Involucra intereses diversos, territorios con realidades muy distintas y una desconfianza persistente entre los principales actores. Aun así, el Ministerio de Hacienda confía en que la negociación permitirá alcanzar un nuevo consenso que modernice un sistema considerado obsoleto por la mayoría de gobiernos autonómicos.
