Un proceso selectivo para cubrir una plaza de telefonista en la Diputación de Salamanca ha generado un amplio malestar entre aspirantes y sindicatos, debido a lo que consideran un examen desproporcionadamente complejo y plagado de preguntas fuera del temario oficial. La controversia se ha centrado en cuestiones incluidas en la parte de prevención de riesgos laborales que, según denuncian, no tienen relación directa con las funciones del puesto ofertado.
Una de las preguntas más criticadas hacía referencia a la señalización de puertas transparentes y a la instalación de sistemas de seguridad en puertas correderas. Estas cuestiones, según los aspirantes, no forman parte del contenido establecido en el temario para la categoría de telefonista-recepcionista. Esta situación ha motivado que los sindicatos CSIF, UGT y CCOO preparen un documento conjunto para expresar su malestar formal ante la institución provincial.
Según explican las organizaciones sindicales, el nivel de dificultad de la prueba fue excesivo para una posición de este tipo, lo que podría derivar en que ningún candidato supere el examen, dejando sin efecto la creación de una bolsa de empleo. Desde su punto de vista, sería más lógico plantear una primera fase accesible y aumentar progresivamente el nivel de exigencia en las siguientes etapas del proceso.
Además de la controversia sobre el contenido, los sindicatos han señalado posibles fallos en la organización del examen. En concreto, critican la ausencia de representantes sindicales durante la realización de la prueba, lo que, a su juicio, habría permitido evitar errores como el ocurrido al finalizar el ejercicio. En ese momento, un miembro del tribunal solicitó a los candidatos que firmaran los sobres donde se guardaban los exámenes, algo que contraviene las normas de anonimato en este tipo de procesos y obligó a cambiar los sobres ya firmados.
Estas presuntas irregularidades han provocado que varios opositores ya hayan presentado escritos de impugnación, alegando no solo la complejidad de la prueba, sino también que no se respetaron las bases del proceso. Algunos denuncian que ciertos temas recogidos en la convocatoria no fueron abordados en el examen, mientras que otros temas no incluidos sí fueron evaluados, generando un trato injusto a quienes se prepararon conforme a las directrices oficiales.
Los sindicatos exigen ahora una revisión del proceso y que se garantice mayor transparencia y proporcionalidad en futuras convocatorias. Consideran que este tipo de incidentes dañan la credibilidad de los procesos públicos y desincentivan la participación ciudadana en concursos de empleo que deberían ser equitativos y justos.
