La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha vuelto a situar en el centro del debate la reforma del modelo de financiación autonómica tras ofrecer declaraciones que se contradicen con sus posicionamientos anteriores. Esta vez, la vicepresidenta primera ha afirmado que el nuevo sistema diseñado por el Gobierno “no tiene principio de ordinalidad”, negando que el reparto de fondos favorezca a las comunidades con mayor capacidad económica.
Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Política Fiscal y Financiera, Montero fue tajante: “Es falso que este sistema tenga ordinalidad”. La ministra insistió en que los criterios que contempla el modelo son los mismos que el vigente desde 2009, rechazando las críticas que acusan al Ejecutivo de crear un sistema que privilegia a determinadas autonomías, en especial a Cataluña, tras el pacto alcanzado con ERC.
Sin embargo, sus palabras contrastan con lo que la propia titular de Hacienda expresó el pasado 10 de enero, cuando reconoció que “la construcción del sistema tiende a la ordinalidad” y que su evolución natural iba “en esa dirección”. Entonces, Montero defendía que el nuevo modelo debía mantener la posición relativa de cada comunidad respecto a su nivel de riqueza, aunque admitía posibles ajustes.
Rechazo mayoritario de las autonomías
El giro discursivo de Montero no ha pasado desapercibido entre los gobiernos autonómicos, que han mostrado un rechazo casi unánime al proyecto presentado por el Ministerio. Todas las comunidades, salvo Cataluña, cuestionan el modelo y la forma en que se ha elaborado, al considerar que responde a un acuerdo bilateral con ERC y no a una negociación multilateral en el seno del Consejo.
Incluso comunidades gobernadas por el PSOE, como Castilla-La Mancha y Asturias, se han desmarcado de la propuesta. El consejero castellanomanchego Juan Alfonso Ruiz Molina la calificó de “chantaje”, aludiendo a que se planteó bajo la amenaza de perder financiación si no se apoyaba el texto. Por su parte, la vicepresidenta asturiana Gimena Llamedo criticó que “el modelo llega como un plato precocinado”, sin debate real ni ajustes compartidos.
Desde otras regiones, se advierte de un “modelo a la carta” que rompe la cohesión territorial y genera diferencias entre comunidades. Algunas incluso han dejado entrever la posibilidad de acciones judiciales si el Gobierno mantiene la propuesta en los términos actuales.
Montero defiende que no hay privilegios
Ante las críticas, Montero ha insistido en que el nuevo sistema de financiación no crea “ningún cupo separatista” ni concede ventajas específicas a Cataluña. Según señaló, la adhesión al modelo será voluntaria, de acuerdo con lo que ya preveía la normativa de 2009.
La ministra intentó rebajar la tensión política argumentando que “la ordinalidad no forma parte del diseño del sistema” y que, en todo caso, si existía cierta correspondencia entre capacidad fiscal y recursos disponibles, esta ya estaba implícita en el modelo anterior.
Aun así, la diferencia entre lo declarado en enero y sus declaraciones recientes ha reavivado las dudas sobre la coherencia del discurso del Gobierno. En un contexto marcado por la presión de los gobiernos autonómicos y el papel clave de ERC en la aprobación de los Presupuestos, el debate sobre la financiación territorial vuelve a colocarse en el epicentro de la política española.
