Este viernes marca el primer aniversario de la entrada en vigor de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), sin que el Gobierno y las comunidades autónomas hayan logrado un acuerdo para financiar su desarrollo.
El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha establecido un grupo de trabajo, que incluye a representantes de las comunidades autónomas, sindicatos y rectores universitarios, con el fin de abordar este asunto. Sin embargo, hasta la fecha no se ha alcanzado una solución concreta.
El objetivo del grupo de trabajo es establecer un sistema de financiación para las universidades españolas que alcance el 1% del PIB para el año 2030. Esto implica fijar criterios comunes mínimos y estables para todo el sistema universitario.
Una de las propuestas del Ministerio es el Programa para la Incorporación de Talento Docente e Investigador, que destina 150 millones de euros anuales para la creación de 3,400 plazas de profesores ayudantes doctores en universidades públicas a partir del curso 2024-2025. Sin embargo, algunas comunidades autónomas, especialmente las gobernadas por el Partido Popular, han rechazado esta propuesta y demandan que el Gobierno financie todas las plazas necesarias.
El sindicato CSIF denuncia la falta de financiación adecuada para la LOSU, lo que genera incertidumbre e inestabilidad en las plantillas docentes e investigadoras. Además, critica la propuesta del Gobierno de flexibilizar la implantación de la ley, argumentando que esto mantendría altas tasas de temporalidad en el personal docente e investigador.
La LOSU tampoco ha cumplido su objetivo de acabar con la precariedad y estabilizar la carrera académica, según CSIF. La tasa de temporalidad en las universidades públicas sigue siendo del 49%, muy por encima del objetivo del 8% establecido. Además, el Gobierno aún no ha presentado el Estatuto del Personal Docente e Investigador, como establece la ley.
