El Ayuntamiento de Salamanca ha dado un paso adelante al aprobar la nueva Ordenanza de pisos turísticos, un tema que en los últimos años ha sido objeto de intensas discusiones, especialmente en ciudades con alta afluencia de visitantes y un mercado inmobiliario en alza, como Barcelona, Málaga y Mallorca. Este cambio en la regulación busca una mayor profesionalización y control sobre la gestión de los alojamientos turísticos.
Nueva normativa de Castilla y León para pisos turísticos
La Junta de Castilla y León ha introducido un borrador de decreto para regular los pisos turísticos en la comunidad, sustituyendo las normativas de 2015 y 2017. Este nuevo decreto propone un tratamiento similar al de los hoteles, estableciendo estrictos requisitos para los propietarios y gestores de estos alojamientos.
Una de las medidas más destacadas es que solo las personas físicas o jurídicas profesionales podrán registrar y gestionar estos inmuebles como negocios turísticos. En caso de que el propietario no sea un profesional, deberá delegar la gestión a una empresa especializada. De esta forma, la normativa pretende asegurar que las viviendas destinadas a uso turístico cumplan con estándares de calidad y responsabilidad fiscal.
Participación de los ayuntamientos y controles administrativos
El borrador de la nueva regulación ya ha sido distribuido entre los ayuntamientos de Castilla y León para que puedan aportar sus sugerencias antes de la aprobación final en el Consejo de Gobierno de la Junta y su posterior publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León.
Además, la nueva normativa exige que aquellos que gestionen estos alojamientos estén dados de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), así como al corriente en el pago de IVA e IRPF. De esta forma, la administración autonómica podrá verificar que el negocio cumple con sus obligaciones fiscales. Los responsables de presentar la declaración responsable para iniciar la actividad ya no serán los propietarios, sino los gestores profesionales, estableciendo un marco de mayor responsabilidad y control.
Cambios en el mercado de pisos turísticos
Actualmente, gran parte de las viviendas turísticas están gestionadas por propietarios individuales que ven en esta actividad una forma de complementar sus ingresos. Esto ha cobrado especial relevancia en ciudades como Salamanca, donde muchos propietarios prefieren alquilar sus inmuebles a estudiantes o turistas de corta estancia. Esta preferencia se debe, en parte, a la seguridad económica que supone alquilar a estudiantes respaldados por sus familias y a la flexibilidad que ofrecen los alquileres de corta duración frente a los problemas de morosidad en los alquileres de larga estancia.
Con el nuevo decreto, el sector de los alojamientos turísticos se profesionalizará, acercando la actividad a los requisitos de un negocio reglado como el de los hoteles o hostales. La Junta ha previsto una moratoria de tres años para permitir que los propietarios y gestores puedan adaptarse a esta nueva normativa, a diferencia de la ordenanza municipal de Salamanca, que aplica sus cambios de forma inmediata. Esta moratoria busca evitar posibles conflictos legales y reclama que los afectados tengan tiempo suficiente para cumplir con las exigencias.
Coordinación entre ayuntamientos y la Junta
Esta nueva normativa también plantea una colaboración más estrecha entre la administración autonómica y los ayuntamientos. Con el aumento de pisos turísticos en muchas provincias, los consistorios han comenzado a regular este fenómeno desde una perspectiva urbanística, enfrentándose a problemas de convivencia y sobreocupación en determinadas áreas. En varias provincias, propietarios de hoteles y hostales han mostrado su descontento por la competencia de los pisos turísticos, que hasta ahora se han regido por normativas menos estrictas.
Nuevos requisitos para locales reconvertidos en alojamientos turísticos
La nueva ordenanza establece además condiciones adicionales para aquellos locales comerciales que se han convertido en alojamientos turísticos. Uno de los requisitos es que estos locales, si no ocupan un edificio completo, deben contar con un acceso independiente desde la calle. Esto también aplica a las viviendas turísticas ubicadas en locales comerciales, las cuales no podrán utilizar las áreas comunes de los edificios en los que se encuentren.
Este tipo de regulación responde a la proliferación de locales cerrados que han cambiado su uso para convertirse en alojamientos temporales, adaptándose al nuevo modelo de turismo y aumentando así la oferta turística. La normativa también establece que el período de estancia máximo será de dos meses continuos para un mismo huésped por año natural, con un intervalo obligatorio de dos meses entre cada ocupación. Si se excede este límite, la relación entre el propietario y el cliente estará sujeta a la Ley de Arrendamientos Urbanos, lo que implica un régimen de alquiler de largo plazo.
Con esta serie de modificaciones, la Junta de Castilla y León pretende profesionalizar y ordenar el sector de viviendas turísticas, promoviendo prácticas responsables y equiparando este tipo de actividad a la de los alojamientos hoteleros.
