Las acumulaciones de expedientes en los juzgados de Salamanca comienzan a ser menos visibles. Aunque el volumen de asuntos pendientes sigue siendo casi el doble que en 2016, año en el que la Justicia provincial alcanzó su mayor descongestión, las cifras actuales reflejan una caída pronunciada. Según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el segundo trimestre de 2025 cerró con 15.446 causas en tramitación, lo que supone un 13% menos que al final de marzo y el dato más bajo desde 2023. Esta reducción contrasta con los atascos provocados por las huelgas de funcionarios y letrados judiciales tras la pandemia de la covid. Aunque suele ser habitual que en el segundo trimestre del año desciendan los procedimientos activos, el retroceso de este ejercicio ha sido especialmente marcado, con un 3,81% menos respecto al mismo periodo del año anterior.
El descenso se concentra principalmente en las jurisdicciones civil y social. En esta última, la puesta en marcha del tercer Juzgado de lo Social a finales de 2023 ha sido determinante. En un año, los casos pendientes en esta área se redujeron un 11,16%, duplicándose la capacidad de resolución de asuntos. Mientras que en el segundo trimestre de 2023 se finalizaron 314 procedimientos, en idéntico periodo de 2025 la cifra ascendió a 644, sumado a una menor apertura de nuevos litigios.
En el ámbito civil, el alivio ha sido aún mayor. Los Juzgados de Primera Instancia registraron al cierre de junio 9.948 asuntos en tramitación, un 18,5% menos que el año anterior, lo que equivale a unos 1.100 expedientes menos pendientes de fallo. Entre abril y junio se resolvieron 4.190 casos, un 14% más que en 2024 y más del doble que en 2023, cuando la huelga paralizó la actividad durante más de dos meses. Esta eficacia se asocia, además, a un descenso en los nuevos procedimientos ingresados, que fueron 2.872, lo que representa una caída del 17% con respecto a hace un año y de casi el 11% frente a 2023. Este margen ha permitido dar salida a numerosos casos acumulados.
Sin embargo, el área penal continúa siendo la gran excepción. Los juzgados de lo Penal experimentan un incremento del 13% en los asuntos sin resolver, alcanzando los 4.461 procedimientos activos, medio millar más que el año anterior. El volumen de casos sigue creciendo y las dos magistradas que los atienden insisten en la necesidad de crear una tercera sala que alivie la carga, una petición que por ahora no ha recibido respuesta del Ministerio de Justicia.
