La cesión del Centro de Recuperación de Personas con Discapacidad Física (CRMF) de Salamanca a la Junta de Castilla y León se plantea como un proceso largo y complejo, que podría prolongarse durante meses o incluso años. Así lo expresó la subdelegada del Gobierno en Salamanca, quien quiso calmar la preocupación generada tras el reciente anuncio del Imserso sobre la transferencia del centro.
Durante un acto académico celebrado en el propio centro, Rosa López subrayó que las negociaciones no solo afectan a Castilla y León, sino que forman parte de un plan nacional que contempla la cesión de otros centros similares ubicados en distintas comunidades. “Estamos ante un proceso amplio que requiere tiempo y coordinación”, afirmó.
El Ministerio de Derechos Sociales ha puesto en marcha esta iniciativa con el objetivo de transferir a las comunidades autónomas alrededor de una decena de centros gestionados por el Imserso, argumentando que los servicios de atención directa pertenecen al ámbito competencial de los gobiernos regionales. Según explicó López, el organismo estatal considera que este es un momento adecuado para impulsar el cambio de gestión.
A pesar de la futura titularidad autonómica, la subdelegada no prevé que el traspaso limite el acceso al centro a personas de fuera de Castilla y León. “Igual que nuestras universidades reciben estudiantes de todo el mundo, este centro seguirá abierto a quien lo necesite”, indicó.
Sobre el futuro del personal, anticipó que se abordará caso por caso: algunos empleados permanecerán en la Administración central, otros pasarán a depender de la Junta, y una parte se acogerá a la jubilación, tal como ha ocurrido en procesos similares.
