El magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha ordenado el ingreso en prisión provisional y sin posibilidad de fianza del exministro de Transportes José Luis Ábalos y de su antiguo asesor Koldo García, al considerar que existe un riesgo “extremo” de fuga antes del juicio por las presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos de mascarillas durante la pandemia.
La decisión del juez coincide plenamente con la postura de la Fiscalía Anticorrupción, que esta misma mañana, tras las vistillas celebradas por separado para ambos investigados, pidió endurecer las medidas cautelares que tenían hasta ahora —retirada de pasaporte y obligación de comparecer cada quince días— y sustituirlas por prisión preventiva.
Llegada al Supremo y argumentos del fiscal
Ábalos llegó al alto tribunal poco después de las nueve de la mañana, cargado con una mochila y sin atender a los medios. Unas horas después hizo lo propio Koldo García, acompañado de su abogada. El fiscal sostiene que, con el juicio cada vez más cercano, hay ya pruebas suficientes que apuntan a cinco graves delitos de corrupción, lo que incrementa la posibilidad de fuga.
La Fiscalía solicita para Ábalos 24 años de cárcel, y para Koldo 19 años y medio, por delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, malversación y uso de información privilegiada. Ambas defensas trataron de evitar el ingreso en prisión alegando arraigo en España y negando que exista intención alguna de huida.
Los mensajes de Ábalos y el contexto político
La decisión judicial llega tras varios mensajes publicados por Ábalos en redes sociales en los últimos días, interpretados en algunos sectores como advertencias dirigidas al Gobierno. En ellos hacía referencia a una supuesta reunión entre Pedro Sánchez y Arnaldo Otegi en 2018, un encuentro sobre el que también había insistido previamente Koldo García.
Mientras se celebraban las vistillas en el Supremo, en la Audiencia Nacional declaraba el empresario Víctor de Aldama, presunto conseguidor de la trama y también investigado en esta causa. Aldama afirmó haber tratado con Ángel Víctor Torres —actual ministro y entonces presidente de Canarias— asuntos relacionados con la compra de mascarillas, asegurando que el ministro “debería estar preocupado”.
Consecuencias para el PSOE y situación en la causa
El ingreso en prisión de Ábalos supone un nuevo golpe para el PSOE, que en menos de un año ve cómo sus dos últimos secretarios de Organización —primero Santos Cerdán y ahora el propio Ábalos— han pasado por la cárcel en el marco de investigaciones por corrupción.
Con esta decisión, Ábalos se convierte además en el primer diputado nacional en activo en ingresar en prisión provisional. Su defensa argumentó que esta medida vulnera su derecho a la representación política y denunció que podría interpretarse como una forma de presión para que colabore con la justicia, tal y como hizo Aldama tras semanas encarcelado.
Por su parte, la defensa de Koldo García cuestionó la competencia del Supremo para juzgarle, alegando que parte de la causa se tramita en la Audiencia Nacional. El juez descartó esas objeciones al considerar clara la competencia del alto tribunal en este momento procesal.
Próximo juicio
La causa avanza hacia juicio después de que el pasado 3 de noviembre el juez Puente propusiera sentar en el banquillo a Ábalos, Koldo y Aldama por el supuesto cobro de comisiones a cambio de adjudicar contratos de material sanitario durante la emergencia sanitaria por Covid-19.
La Fiscalía reclama también una multa cercana a los 3,9 millones de euros y, junto a las acusaciones populares, pide 30 años de cárcel para Ábalos y Koldo al añadir delitos de prevaricación y falsedad documental. Para Aldama solicitan 7 años de prisión, rebajados tras su confesión inicial, que contribuyó a destapar la presunta trama vinculada al ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.
