El juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la supuesta filtración de un correo electrónico vinculado al caso del empresario Alberto González Amador, ha quedado visto para sentencia. El propio García Ortiz optó por no intervenir en su turno final, lo que puso punto final a un proceso que ha durado dos semanas y ha incluido declaraciones de decenas de testigos.
La defensa insiste en la inocencia del fiscal
Durante su exposición, el abogado del Estado José Ignacio Ocio afirmó que no existe ninguna evidencia que señale al fiscal general como responsable de la filtración. Según sostuvo, fue el propio González Amador quien habló con el periodista que difundió la información, rompiendo así la confidencialidad.
Ocio defendió que García Ortiz actuó para proteger la integridad del Ministerio Público ante informaciones que lo cuestionaban y criticó el clima mediático que —a su juicio— ha rodeado al caso. Recalcó además que la presunción de inocencia debe prevalecer en la deliberación del tribunal.
La acusación acusa al fiscal de usar a la prensa como altavoz
La acusación particular, representada por el abogado Gabriel Rodríguez Ramos, ofreció una versión opuesta. Aseguró que existen elementos que apuntan directamente a García Ortiz como el autor de la filtración, cuyo objetivo habría sido preparar el terreno para la nota informativa que la Fiscalía publicó al día siguiente.
Rodríguez Ramos afirmó que aquella difusión presentó a su cliente como un “delincuente confeso”, generando un impacto mediático que, según él, trascendió lo judicial y adquirió una dimensión política. Añadió que González Amador ha sufrido consecuencias tanto económicas como personales desde entonces.
Un proceso con fuerte repercusión pública
La acusación se centra en el correo enviado el 2 de febrero de 2024 por la defensa de González Amador al fiscal del caso, Julián Salto, ofreciendo un acuerdo para admitir dos delitos fiscales. Esa comunicación se conoció la noche del 13 de marzo y motivó una nota de la Fiscalía al día siguiente para corregir informaciones que atribuían a Salto la iniciativa del pacto.
De ser condenado, García Ortiz podría enfrentarse a hasta seis años de prisión, doce años de inhabilitación y más de 400.000 euros entre multas e indemnización.
Tras seis sesiones y la comparecencia de más de cuarenta personas, el tribunal presidido por Andrés Martínez Arrieta ha dado por terminado el juicio. La sentencia se conocerá en las próximas semanas, en un caso que ha puesto bajo la lupa el funcionamiento interno de la Fiscalía y la influencia de los medios en los procesos judiciales.
