El organismo responsable de la seguridad nuclear en España ha emitido una nueva actualización del mapa que identifica las zonas más expuestas al radón. Salamanca figura entre las provincias con mayor nivel de riesgo por este gas natural, vinculado a unas 1.500 muertes anuales por cáncer de pulmón en el país. Es el segundo agente más letal tras el tabaco y el primero entre quienes nunca han fumado, lo que lo convierte en una seria amenaza para la salud pública y el entorno laboral.
El peligro es comparable al número de fallecimientos por accidentes de tráfico, lo que ha impulsado una estrategia nacional de control del radón. El mapa se divide en dos categorías: la zona 2, donde se exige una intervención prioritaria, y la zona 1, que presenta un riesgo menor aunque no insignificante. En Salamanca, 231 municipios están clasificados en el grupo de mayor riesgo, 127 en nivel intermedio y solo cuatro están fuera de peligro.
Eso implica que el 64,3% del territorio provincial se encuentra en situación de alta exposición al radón. Con la aprobación oficial de este mapa, los municipios afectados están obligados a realizar controles ambientales. Desde 2022, las empresas ubicadas en áreas con alto potencial deben medir la concentración del gas, especialmente si sus actividades se desarrollan en zonas bajas o subterráneas, utilizando dispositivos capaces de detectar niveles por encima de los 300 becquerelios.
Controles medioambientales en Salamanca
La calidad del aire en la provincia también se ve afectada por otros contaminantes, como el ozono, que incrementa el riesgo de mortalidad por causas respiratorias.
A su vez, la nueva clasificación territorial incrementa la lista de empresas que deben implementar sistemas de vigilancia en sus instalaciones para garantizar la seguridad de empleados y clientes. Estas mediciones deben realizarse durante un mínimo de tres meses y, si los niveles superan lo establecido, deben aplicarse medidas específicas de corrección para reducirlos.
Control periódico del gas
La normativa indica que si los valores registrados se mantienen por debajo del umbral, las comprobaciones deberán repetirse cada diez años. Sin embargo, si se detectan niveles superiores, será obligatorio repetir los análisis cada cinco años. Asimismo, cualquier reforma estructural que pueda alterar la acumulación de radón implicará nuevos controles medio año después de finalizar las obras.
Para elaborar el nuevo mapa, se han utilizado datos recogidos con detectores instalados en viviendas y edificios públicos en toda la región. Salamanca es la provincia con más dispositivos colocados: 558 en total. Esto ha permitido un análisis detallado de la distribución del gas en el ámbito local y proporciona una base técnica más precisa para aplicar medidas de prevención.
558
equipos de medición
han sido distribuidos en inmuebles públicos y privados de Salamanca
En los municipios de zona 1, donde el riesgo es moderado, no existe una obligación legal de llevar a cabo estas mediciones, aunque sí se recomienda hacerlo, especialmente en edificios antiguos o de reciente construcción, donde el gas puede acumularse sin ser detectado fácilmente.
El objetivo de este protocolo es minimizar la exposición ciudadana al radón y garantizar que las zonas más vulnerables cuenten con un sistema de seguimiento activo. La actualización constante de datos busca ofrecer herramientas efectivas para prevenir problemas de salud derivados de este gas invisible, inodoro y altamente perjudicial.
