El inicio del último tramo de 2025 se presenta especialmente complejo en España. A las tradicionales disputas parlamentarias se suma una creciente tensión entre los poderes del Estado, provocada por declaraciones cruzadas, casos judiciales de alto perfil y una agenda política condicionada por la necesidad —aunque no obligación— de aprobar los Presupuestos Generales del Estado para 2026. El clima, lejos de ser institucionalmente estable, refleja un pulso abierto entre el poder ejecutivo y el judicial, en un contexto en el que cada gesto se interpreta como una declaración de intenciones.
Justicia y política en el centro del foco
La apertura del año judicial dejó claro que la independencia de poderes no atraviesa su mejor momento. El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, participó en el acto institucional pese a encontrarse señalado por una presunta filtración de información relativa a una investigación fiscal. Su implicación en el evento fue duramente cuestionada por algunos sectores políticos y judiciales, mientras que otros defendieron su presencia como un ejercicio de legitimidad.
En su discurso, García Ortiz sostuvo que su permanencia en el cargo obedece a su convicción en los principios del Estado de Derecho. No obstante, la controversia ha reavivado un debate sobre la neutralidad del Ministerio Público y la relación entre las instituciones.
Declaraciones que encendieron la mecha
El ambiente se tensó aún más tras unas declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien expresó públicamente su respaldo a su esposa y a su hermano, ambos investigados judicialmente. Sánchez sugirió que ciertos jueces estarían actuando con motivaciones políticas, lo que generó una oleada de críticas, especialmente desde el ámbito judicial conservador.
Aunque sin mencionarlo directamente, la presidenta del Tribunal Supremo y del CGPJ, Isabel Perelló, respondió con firmeza en el mismo acto institucional, defendiendo la independencia judicial y rechazando las descalificaciones de representantes públicos hacia la labor de los jueces.
La ausencia de Feijóo y sus repercusiones
A este escenario ya caldeado se sumó el gesto del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, quien optó por no acudir a la ceremonia judicial. Alegó que su ausencia respondía a su rechazo a la situación del fiscal general. La decisión fue aplaudida en su entorno político y criticada por otros sectores, que lo acusaron de faltar al respeto a las instituciones del Estado.
Causas pendientes en los tribunales
La agenda judicial de este curso estará marcada por varios procesos que podrían tener implicaciones políticas relevantes. Uno de ellos es el llamado caso Koldo, en el que se investiga una red de adjudicaciones irregulares de contratos públicos a empresarios a cambio de comisiones. Algunos de los implicados ocuparon cargos de confianza en gobiernos anteriores, lo que agrava el impacto del caso.
También podría comparecer ante la justicia el exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, por supuestas reformas legales que habrían beneficiado de forma directa a determinadas empresas del sector energético. Estos casos contribuirán a mantener la actividad judicial bajo el escrutinio público.
El difícil camino hacia los Presupuestos
Mientras tanto, el Gobierno trabaja para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado de 2026. Desde el Ejecutivo se afirma que su aprobación reforzaría la estabilidad de la legislatura, aunque su rechazo no implicaría necesariamente un adelanto electoral. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha declarado su intención firme de lograr el apoyo necesario, aunque la tarea se presenta cuesta arriba.
Además del rechazo anunciado por PP y VOX, el Gobierno también encuentra obstáculos en su entorno más próximo. Junts, pese al acercamiento entre Salvador Illa y Carles Puigdemont, se mantiene escéptico, y Podemos plantea exigencias que Moncloa considera imposibles de asumir, como una rebaja drástica del precio del alquiler o medidas diplomáticas contra Israel.
Debate sobre el bloqueo presupuestario
El retraso en los trámites ha provocado que el proyecto presupuestario aún no haya iniciado su recorrido formal en el Congreso. La oposición ha aprovechado esta situación para proponer que se convoquen elecciones si se prorrogan dos presupuestos consecutivos, aunque esto requeriría una reforma constitucional inviable con la actual aritmética parlamentaria.
Un cierre de año con la vista puesta en las urnas
De momento, cada votación en el Congreso se presenta como una negociación al límite. En paralelo, se avecinan elecciones autonómicas en territorios clave como Andalucía y Castilla y León, y aunque el presidente descarta hablar de comicios generales, el ambiente político comienza a adquirir un tono preelectoral.
El curso avanza con interrogantes institucionales, presiones judiciales y una agenda política fragmentada. Las próximas semanas serán clave para saber si el Gobierno logra mantener su hoja de ruta o si las tensiones entre poderes terminan marcando el rumbo político de los próximos meses.
