El Gobierno ha vuelto a fracasar en su intento de sacar adelante el nuevo decreto del llamado escudo social, después de que el pleno del Congreso lo derogara con los votos en contra de PP, Vox y Junts. La medida contó con 172 votos a favor, 177 en contra y una abstención (UPN), repitiendo el revés sufrido hace apenas un mes.
El texto prorrogaba la suspensión de los desahucios de familias vulnerables y la prohibición de cortar suministros básicos, además de incluir una serie de iniciativas económicas y fiscales: la congelación de las cuotas de los autónomos, incentivos para la compra de vehículos eléctricos, ayudas a los damnificados por la DANA y los incendios del pasado verano y la actualización de las entregas a cuenta para comunidades autónomas y entidades locales en 2026.
En enero, el Ejecutivo ya vio caer un decreto similar que también recogía la revalorización de las pensiones. Para salvar esa subida, el Gobierno se vio obligado entonces a presentar un texto separado exclusivamente para los pensionistas, logrando finalmente su aprobación.
Medidas incluidas en el escudo social
El nuevo decreto agrupa bajo una misma norma las principales medidas sociales del Ejecutivo:
- Moratoria de desahucios para personas en situación vulnerable.
- Prohibición de cortes de suministros básicos.
- Descuentos en el bono social (42,5% y 57,5%).
- Prórroga de deducciones en el IRPF por obras de eficiencia energética y vehículos eléctricos.
- Mantenimiento del sistema de estimación objetiva para autónomos, también en agricultura, ganadería y pesca.
- Exenciones fiscales para las ayudas recibidas por los incendios de verano.
Las razones del bloqueo político
La moratoria antidesahucios es el punto más controvertido del decreto y el principal motivo de discordia entre los partidos. PP, Vox y Junts sostienen que estas medidas suponen un obstáculo para los propietarios y pueden incentivar las ocupaciones. Desde Junts, su portavoz, Miriam Nogueras, criticó que el texto “avala las ocupaciones” al dificultar los desalojos, una interpretación que el Gobierno considera una excusa política.
Pese a las modificaciones introducidas —como la exclusión de la moratoria para los pequeños arrendadores, a propuesta del PNV—, la norma no ha logrado superar la votación.
El Ejecutivo mantiene, no obstante, su intención de defender el paquete completo del escudo social, separando por ahora únicamente el apartado de las pensiones para asegurar su continuidad. Por el momento, el Gobierno no ha anunciado qué estrategia seguirá tras este nuevo rechazo parlamentario.
